"ÉTICA Y POLÍTICA"

21 de Octubre de 2009.

D. Sergio Millán Alfocea .  

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación

por la Universidad Autónoma de Barcelona.

Catedrático en Filosofía. Experto en Filosofía

con numerosas publicaciones y conferencias.

Presenta: D.César Navarro

La tertulia se celebró el día 21 de Octubre a las 19:00 horas, en las dependencias de la Fundación César Navarro (Aula 2), en la calle Ramón y Cajal, 22 de Getafe, junto al Teatro Federico García Lorca.

SOBRE EL PONENTE.

Dado el interés que la ética y política esta suscitando en estos momentos de actualidad la Fundación propone esta interesante tertulia, y para la introducción de la misma ha podido contactar, con: D. Sergio Millán Alfocea, Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Catedrático en Filosofía. Experto en Filosofía con numerosas publicaciones y conferencias.

La presentación corre a cargo del Doctor César Navarro, que sólo tiene palabras de agradecimiento  para Sergio Millán.

Sergio toma la palabra y de una forma sosegada, llena de tolerancia, sinceridad y experiencia nos expuso su punto de vista sobre este peliagudo asunto, un público muy atento a la magnífica intervención de D. Sergio Millán, que cuando esta finalizó, dio paso a un  debate muy enriquecedor.

RESUMEN DE LA TERTULIA:

ÉTICA Y POLÍTICA: Una mirada sobre la corrupción

            De nuevo ocupa la actualidad un caso de presunta corrupción y, por ocupar la actualidad, hace que la publicidad que se otorga a esos comportamientos y expresiones tenga un efecto educativo, formador, sobre la ciudadanía. Muy rápidamente se puede caer en la formulación de que la política es una porquería o que los políticos son todos gentes deshonestas. Y de esas premisas es muy fácil llegar a la conclusión de que la democracia no sólo es errónea sino que también es cara y, por último, perniciosa.

            Al fijar nuestra mirada en esas expresiones y comportamientos podemos , con la premura de la comparación con las necesidades, dificultades económicas reales y temores que amplias capas de la población sufren, quedarnos en la mirada o la posición del moralista que condena pero que no explica. Y, desde luego, uno de los daños que hacen esos comportamientos no es sólo el perjuicio concreto que realizan sino el descrédito y la deslegitimación que se hace de la democracia, de las instituciones democráticas y del sistema de libertades.

            La mirada que quiero proponer sobre el caso Gürtel es la mirada del análisis filosófico y no la del moralista. No se trata tanto de proponer un juicio moral, aunque se deducirá uno de lo que digamos, sino de recordar y proponer una formulación de los principios  que hacen posible el juicio moral en democracia y el juicio moral democrático. Porque democrático se puede decir de aquello que ocurre en democracia y también se puede decir de aquello que sucede por la democracia. Una explicación en democracia, pero no democrática, de esos acontecimientos consistiría en decir que la naturaleza humana es viciosa, corrupta y que el poder, en una de sus formas políticas modestas, sólo hace aparecer esa naturaleza corrupta, viciosa. De ahí a socavar el presupuesto democrático de que es la conciencia individual la que forma, por medio del voto, la autoridad para gestionar lo común hay un paso. La corrupción y no sólo ella sino su interpretación socavan la democracia en todos los aspectos, no sólo en el económico.

            La sociedad humana surge de la incapacidad del individuo para sobrevivir aislado y de la necesidad que tiene el individuo del grupo, de la colectividad, de la sociedad, para sobrevivir. Cuando los individuos colaboran obtienen más de lo que individualmente necesitan y cuando no colaboran, perecen. El hecho primario es, pues, la existencia de la sociedad. Este hecho nos lleva a dos conclusiones primarias. La primera se deriva de la distribución de ese exceso, del reparto del excedente. Y ese problema del reparto de los bienes, el de la justicia de la distribución, nos lleva a la actividad política, como actividad que hace posible la realización de la justicia en cada momento. Y el debate social sobre la Justicia es el que obliga éticamente a los miembros de la sociedad, en tanto les concede un protagonismo como actores, es decir, como individuos que aportan y que continúan colaborando en el quehacer social. Participación en la vida colectiva, pues. Y a la forma de esa vinculación participativa y a la vez obediente del individuo con el colectivo es a lo que llamamos ética. No es, pues, la ética una doctrina anterior y superior a la vida social e independiente de la justicia. Por el contrario están íntimamente unidas. La ética no es una actividad y una actitud anterior a la existencia de la sociedad; es la expresión de la voluntad individual de mantener cohesionada a la sociedad por medio de la unión que se expresa en el acatamiento a la ley. Política y ética son la expresión de dos caras o de dos momentos de la vida social: creativo el de la política, pasivo el de la ética. Es ese carácter subordinado de la ética el que hace que las virtudes atribuidas al individuo tengan un sesgo problemático: ser obediente es bueno cuando se obedece a la ley justa pero nefando y malo cuando se obedece a la ley u orden injusta.

            Discriminar la justicia de una orden o norma es una tarea que puede reposar en dos instancias: O bien en el acuerdo que se pueda producir en la discusión de las medidas a tomar en un debate abierto, transparente y libre que tenga como medio la verdad o por medio del asentimiento que se pueda dar a los acuerdos que emanan de un procedimiento que se reconoce que posee los requisitos que hemos mencionado antes. No existe, pues, una instancia superior a la sociedad y al individuo que posea una autoridad ética o moral independiente respecto de ambos y tenga derecho a ser reconocida como instancia moral suprema. La instancia moral suprema es un momento y una actitud que se relacionan con el individuo y con la reunión deliberativa y decisoria  de éstos; por ello hay que decir que la instancia moral suprema   es la reunión deliberativa de los individuos libres que supone la mejor y máxima expresión de la articulación moral de la sociedad a la que llamamos democracia. El asentimiento y la obediencia que el individuo debe a los acuerdos de esa instancia moral y política se basa en el reconocimiento de su posibilidad de participación en ella y en el cumplimiento de los requisitos de igualdad y veracidad que conforman a esa asamblea.

            Cualquier forma de gobierno que no fundamente su autoridad en la demanda de obediencia a leyes, es decir, a la expresión del acuerdo surgido del debate sobre cuestiones comunes por hombres libres, no tiene autoridad moral  para obligar a los individuos de una sociedad.

            Es en esa máxima exigencia común y en el ámbito de autonomía que concede al individuo donde la organización democrática adquiere la autoridad moral para demandar al individuo su aquiescencia. Pero en nuestras sociedades democráticas no es el mismo individuo el que cumple las leyes y participa en su elaboración. El cumplimiento de la ley es siempre individual mientras que su elaboración se realiza, en la mayoría de los casos (salvo la democracia cantonal suiza u otras formas) por medio de personas morales, es decir, de partidos políticos .

            El partido político participa de una doble condición: se esfuerza por articular los deseos y principios de una parte de la población pero presentándolos a la totalidad de la ciudadanía, es decir, convirtiéndolos en universales. Es ese doble papel de articulador de la voluntad popular y de gestor de la misma la que hace del partido político no un mero agente social, sino de un agente eminentemente moral. De él se predica en primer lugar el imperativo categórico kantiano: “Actúa de tal modo que la regla que rige tu acción pueda convertirse en ley universal”.

            La expresión partido político parece referirse a lo particular o de parte de la sociedad y así es fácticamente pero en realidad su acción aspira a convertirse en universal, es decir, haciendo partícipe a la totalidad de la sociedad y, en el límite a la humanidad entera de su acción.

            El partido político es, en su realidad, una parte, un grupo pero que está abierto a la totalidad como forma de articularla a esa realidad, es decir, no es secta. Y esa apertura a la totalidad lo hace desde la gestión de las instancias comunes , que no dejan de serlo aún con la victoria mayoritaria o aplastante de un partido. La oposición, pues, forma parte de la totalidad y es imprescindible para visualizar que la totalidad y la parte están diferenciadas.

            El gobernante asume, pues, la gestión de todo lo común y se hace responsable de todos los individuos de la sociedad, no sólo los de su grupo o partido. Si no lo hiciese así actuaría no como político sino como particular (de una empresa no se espera que se preocupe por la pervivencia de las otras empresas, salvo en lo que a su progreso o bienestar particular se refiere).

            Es ese compromiso con el bienestar o el bien de la totalidad de la sociedad el que confiere al gobernante la autoridad para pedir sacrificios desiguales a partes iguales de la sociedad. Y es esa responsabilidad frente a la finalidad última de la sociedad, que es la preservación de todos y cada uno de sus miembros, la que concede al gobernante una responsabilidad en forma de una prerrogativa.

            Esa prerrogativa, esa responsabilidad, es la que se formula en la teoría moral clásica como epiqueia y en la teoría política como razón de Estado. La epiqueia, es decir, la facultad para no atender al código moral común y aplicar una norma diferente aparece en todos los niveles en los que se presenta una situación a la que, para ser atendida con justicia, es necesario no atender a las normas morales (un ejemplo es la discriminación positiva). La razón de Estado es aquella justificación que entra en abierta oposición al ordenamiento jurídico y moral de una sociedad pero que es ordenada por el gobernante para subvenir a una finalidad de orden superior, por ejemplo a la supervivencia del Estado o a la justificación de medios indeseables (por ejemplo la justificación de la violencia en el preámbulo de la declaración Universal de los derechos humanos).   

    
           La corrupción aparece en el momento en que la tensión que soportan los actores políticos entre su interés privado y el interés colectivo que intentan articular y representar se resuelve en la subordinación de lo público a lo privado.

Lo que se ha publicado hasta ahora sobre el caso Gürtel da poco margen a una interpretación caritativa de los acontecimientos y parece demandar un análisis político y moral algo más fino de lo que hasta ahora se ha hecho. Señalemos algunos puntos de reflexión:

 Confianza en que la maquinaria de la Administración pública podría ser  esquilmada o aprovechada para fines particulares (sean de una organización o privados)

 Organización de actividades moralmente reprobables para ganarse la benevolencia de responsables políticos

Por último la constatación de que la experiencia pasada, el debate abierto, muestra la fragilidad de parte de la sociedad civil española que está dispuesta a ver en esas acciones no acciones reprobables sino hazañas de pícaros. Esa figura de los conseguidores que atormenta a la imagen de la clase política española no es sino la constatación de que se implanta un sistema en el que la aplicación imparcial de las leyes se pone en duda, se cuestiona.

Esperemos que el debate público en torno a estas actuaciones sirva para acotar cada vez más no sólo las conductas sino la mentalidad popular que hace de los subsidios públicos prebendas que se reparten a capricho de conseguidores y que son manifestaciones de dependencia social.

Por último señalar los silencios. Hay demasiados silencios de instituciones que deberían ser activas en la condena y en la movilización de esas conductas y que guardan silencio en torno a ellas. Todas aquellas instituciones que se arrogan una superioridad moral, es decir, la capacidad de enjuiciar el comportamiento ajeno y de pretender determinar la legislación sobre la base del juicio moral.

Quiero recordar , por último, las plabras de Platón en “Las Leyes”:

“el que mejor ha servido a las leyes y las ha obedecido perfectamente. He ahí el hombre bueno. La alabanza será mucho más completa si de él se dice; el que ha pasado su vida obedeciendo, sin desfallecer nunca, las directrices escritas del legislador, tanto si eran leyes, elogios o censuras, eso es lo más correcto que se puede decir en alabanza de un ciudadano, y el verdadero deber del legislador es no limitarse a escribir leyes, sino a demás de las leyes,dar por escrito,su opinión sobre todo lo que él estima honesto o deshonesto”.
Cumplamos, pues, como legisladores que somos en esta democracia nuestra de las tres maneras: obedeciendo a la legalidad democrática; sopesando los fines de las leyes, haciendo política por tanto; y participando activamente con nuestra opinión en la conformación de la voluntad democrática.